El desmonte en Chaco ya es Ley
- 14 may 2024
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Actualizado: 25 jul 2024
La Legislatura chaqueña aprobó el 30 de abril, por la madrugada y a espaldas a la sociedad, una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que, en términos prácticos, habilita el desmonte de por lo menos un millón de hectáreas de la provincia.
Por esto mismo, distintas organizaciones ambientalistas, junto a científicos e investigadores, iniciaron sus apelaciones de ilegalidad frente a la Corte Nacional de Justicia.
Desde 2007, con la sanción de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, todas las provincias tienen la obligación de realizar un mapa que identifica las formaciones boscosas de su territorio y las clasifica en tres categorías según el cuidado que se les debe dar para su conservación. Este mapa es lo que conocemos como OTBN y sirve, ante todo, para pensar y adaptar la aplicación de determinadas políticas según las necesidades de los distintos ecosistemas forestales.
La primera categoría, identificada con el color rojo, agrupa los sectores que tienen alto valor de conservación y que no deben transformarse de ninguna manera. La segunda categoría muestra. con el color amarillo, los sectores de mediano valor de conservación que pueden estar degradados pero que, aún así, no deben alterarse porque pueden recuperar su riqueza. Y la tercera categoría, identificada con el color verde, marca los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
En definitiva, lo que está haciendo la Legislatura chaqueña con la aprobación de la Ley 4.005 R es cambiar esos criterios de clasificación extendiendo la posibilidad de deforestar el territorio por vías legales. Como explicó Matías Mastrángelo, científico del CONICET especializado en conservación y sustentabilidad, “algunos sectores que antes estaban en amarillo ahora fueron pasados a verde” y el resultado son 1.251.615 héctareas libradas al “mal del desmonte” que, tan solo en el 2023, arrasó 57.343 hectáreas de Chaco según el informe anual de Greenpeace.
Este es el mapa actual de la provincia:
Fuente: Greenpeace
Pero, ¿cuál es el problema de que esto suceda?
El primero es que, como explicó Mastrángelo frente a la legislatura, con la deforestación “se pierde la capacidad del ecosistema de mantener la fertilidad del suelo, de regular procesos híbridos, de proveer hábitat a la biodiversidad y de secuestrar el carbono para mitigar el cambio climático”. Esa capacidad se pierde en un 40 por ciento al momento mismo del desmonte y en un 80 por ciento a los tres años de haberlo realizado. Pero, además, esta práctica amenaza el territorio que habitan campesinos, comunidades indígenas y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por lo tanto, como señaló el investigador en un entrevista con Prisma TIC, “los cambios que impulsan en el OTBN benefician a unos pocos productores en el corto plazo pero después nos perjudican a todos”.
El segundo problema es que, científicos y organizaciones ambientalistas, demostraron que la aprobación de esta normativa implica el establecimiento de un mapa regresivo de conservación que contradice, en primer lugar, diversas leyes que ya rigen en el territorio argentino, como la Ley General del Ambiente y la Ley Nacional de Bosques. Y, en segundo lugar, contradice algunos compromisos internacionales que asumió Argentina ante el resto del mundo; por ejemplo, el acuerdo de Deforestación Cero para el año 2030 firmado en 2022 durante la Cumbre Climática de Glasgow.
Todo esto, sumado al incumplimiento de los estándares de participación ciudadana exigidos por la Ley de Bosques ante este tipo de procesos legislativos, es lo que llevó a distintas organizaciones ambientalistas, como Vida Silvestre y Greenpeace, a denunciar la ilegalidad de la nueva normativa frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Después de todo, es necesario que alguien lo haga si el segundo pulmón verde de América Latina ahora también está en peligro de extinción.
Fuentes: Filo News, Tiempo Sur, Noticias del Paraná, Greenpeace, Página 12, Argentina.gob
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